El Centro Fray Juan De Larios se fundó hace 20 años en Coahuila, México, cuando el abuso a migrantes, las condiciones deplorables de los mineros, y la desaparición forzada de personas empezaron a ser problemas graves y de dimensiones graves en México. Fundado bajo la dirección de José Raúl Vera López, obispo de Saltillo, el Centro surgió como una respuesta a esas graves violaciones de derechos que enfrentaban los grupos vulnerables en la región. Distintos grupos han sido objeto de atención por parte del Centro, pero sin duda el sismo que surcó el camino que sigue a la fecha fue la crisis de desaparición de personas que inició primero con migrantes y creció como cabeza de Hidra.

José Raúl Vera López, Obispo de la Diócesis de Saltillo. Foto: Esmeralda Sanchez.

En noviembre de 1999, José Raúl Vera López fue nombrado Obispo de la Diócesis de Saltillo, de la que tomó posesión canónica en marzo del año 2000; entre las acciones del hasta entonces Obispo Coadjutor de Samuel Ruiz en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, estaba la instalación de un Centro Diocesano para los Derechos Humanos, a donde los desplazados sociales pudieran acercarse para obtener asesoría y presentar sus denuncias y exigencias.

La Historia del centro

Aún abarcaba el territorio de la hoy Diócesis de Piedras Negras y había dos grupos especialmente vulnerables en Coahuila: migrantes y mineros, ambos sufrían condiciones deplorables de vida. “Yo fundé el Centro de Derechos Humanos para los migrantes”, recuerda Vera.

En el caso de los mineros, “me empezaron a decir cómo tenían que trabajar en condiciones muy abusivas”; y los migrantes “eran víctimas incluso de la policía aquí”. 

Varias manos se sumaron, entre ellas dos religiosas que estuvieron poco tiempo y su aliada de siempre, la comunicadora Jaqueline Campbell. El 22 de septiembre del 2004, el Centro se constituyó como asociación, atendido por las hermanas Villarreal, originarias de General Cepeda; la primera etapa se dedicó a visibilizar las violaciones a derechos humanos. 

En 2006, la explosión en la Mina 8 de Pasta de Conchos pondría la atención del mundo en la Región Carbonífera, de manifiesto la poca valía que las vidas de los mineros tenían para los dueños de las empresas extractoras como el Grupo México y la colusión de sus representantes sindicales; Cristina Auerbach asume el rol de documentarlo.

Las causas sociales se iban sumando, se organizó la comunidad LGBTI a través de su pastoral y el naciente grupo San Aelredo, “el Centro se convierte en una plataforma civil para Don Raúl, que le permitía hablar de estas grandes tragedias y violencias, en el marco de derechos humanos, para poder diferenciar su plataforma de obispo”, explica Blanca Isabel Martínez Bustos, actual directora.

Un grupo de mujeres fueron violentadas sexualmente por integrantes del ejército en el municipio de Castaños, ahí estuvo el Centro para representarlas, exigir justicia y castigo a los culpables; al igual que con la comunidad de General Cepeda, que se organizaba para tratar de evitar la instalación de un Centro de Integración y Manejo de Residuos Industriales (CIMARI).

Las alianzas fueron paralelas, entre ellas el Observatorio Nacional Contra el Feminicidio, “se visibiliza el Fray Juan como una plataforma de denuncia”. En 2008, el secuestro de migrantes se denunciaba por el director de Belén, Posada del Migrante, Pedro Pantoja Arreola y María Guadalupe Arguello Reyes, “la Hermana Lupita”.

“Es en la población migrante donde se expresa primeramente esta nueva etapa de violencia perpetrada por grupos de delincuencia organizada”; puntualiza Blanca.

Fray Juan de Larios era dirigido por la Hermana Silvia Canto, pero debido a demandas de su congregación deja la responsabilidad en corto tiempo; mientras, la escalada de violencia ya no podía ocultarse en el Estado.

Rostros de personas desaparecidas en una pizarra del Centro Fray Juan de Larios. Foto: Esmeralda Sánchez.

Se abre la “caja de Pandora”

“Explota el asunto de la desaparición”, expresa Fray Raúl: “Me traigo a Blanca Martínez y nos llega el caso de un sacerdote, era de aquí pero tenía un hermano trabajando en Toluca, en una fábrica de pintura industrial; llega con 10 personas en dos camionetas y desaparecen las camionetas y todos los vendedores; como ocurrió aquí tenían que denunciar ante autoridades de Coahuila”.

A través de este caso se “abre la Caja de Pandora”, recuerda el ahora Obispo Emérito, “empieza la gente a venir, que tienen personas desaparecidas, a pedir asesoría… cada día la desaparición forzada se extendía en México o empezaba a tener atención, pero puedo decir que el primer colectivo de familiares de desaparecidos lo creó el Centro de Derechos Humanos de la Diócesis”.

Blanca Martínez Bustos, quien este año recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo, inicia como directora el 31 de julio del 2009. Al día estaban los actos de desaparición llamados “levantones”, los cobros de piso y enfrentamientos en diferentes lugares, “la toma por la delincuencia organizada de diferentes municipios”, realidad que encontró la ex directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas en Chiapas.

“Lo que yo decido es: no podemos seguir manteniendo esto como levantón, eso no existe; es un fenómeno nuevo de la desaparición y hay que analizarlo, este es un delito, es una privación arbitraria de la libertad”.

Se ponía en práctica el Modelo Coahuila, desarrollado por el gobernador en turno, Humberto Moreira, con la alianza de militares para presuntamente controlar las situaciones de violencia; “yo tenía 15 días de haber llegado acá y hubo un atentado contra el director de la Policía Municipal de Monclova, donde matan a sus escoltas, y en menos que quieres ya estaba tomada la capital… todo el Estado”.

Los casos se van documentando y en diciembre del 2009 se convoca al primer grupo de núcleos familiares, “eran 21 personas desaparecidas, en cuatro casos” se trabajó desde el concepto de desaparición, quiénes son los responsables, cómo ayudar a la familia a tener un contexto y entender la responsabilidad del Estado; “porque lo que querían era enfrentarse con los malandros, yo les decía pues ahí la llevamos de perder, nos van a matar, pero además es responsabilidad del Estado, aunque los haya perpetrado un particular, porque lo permitió”.

Deciden denunciar como grupo y a partir de la presentación en una conferencia de prensa, el 19 de diciembre del 2009, empiezan “a llegar familias y familias y familias”; en mayo del 2010, con la primera marcha en la Ciudad de México, asumen el nombre de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC) y después de un tiempo se conforma FUNDEM.

La enormidad del fenómeno obliga a hacer cambios y los grupos que iniciaron el proyecto empiezan a tomar un rumbo independiente, “se dejó de hacer porque tuve que tomar la decisión de pedirle al equipo de abogadas que se fuera” debido al contexto de violencia, “además había una crisis financiera”.

En menos del año “se fue la otra compañera por la situación de tensión… me quedo sola unos meses y se integra luego Alma García”, quien trabajó en Casa del Migrante y regresaba de Honduras.

Juan Enrique Martínez Requenes es el Encargado del Área de Litigio y Estrategia Internacional y desde 2018 colabora con el Fray Juan; en su opinión, la estadística y agenda pública en materia de derechos humanos y desaparición no existiría en Coahuila de no haber sido por la incidencia del centro.

“Ha sido la voz más importante en materia de derechos humanos en los últimos 20 años, un trabajo tan metódico en la documentación, seguimiento y sistematización, en la denuncia pública, creo que es muy pocas veces comparable con otras organizaciones ya no solo a nivel nacional, sino también internacional”.

Mujeres en lucha por la presentación de sus familiares desaparecidos en la Plaza de Armas de Saltillo, junto al llamado Árbol de la Esperanza, en Saltillo, Coahuila. Foto: Esmeralda Sánchez.

Familias en el centro, la estrategia

En diciembre del 2009 se tiene la primera reunión facilitada por el diputado federal Rubén Moreira, que presidía la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados; con el fiscal Jesús Torres Charles y el secretario de gobierno Armando Luna.

Parte de la asesoría a las familias era tener un nivel de interlocución alto “porque si de entrada bajas a que te reciba el asistente del asistente, pues sí así nos tienen empantanados; es parte de los aprendizajes de ellas, y eso ha ayudado a la negociación”.

Establecer una estrategia de organización llevó al Fray Juan a colocar a las familias en una posición que por sí mismas difícilmente habrían logrado concretar debido a que en lo individual sufrieron una y otra vez la indiferencia de la autoridad, considera Michael Chamberlin, quien compartió la dirección entre el 2014 y el 2017.

Desarrollar una agenda estructural ha permitido logros como el impulso y cristalización de leyes federales y estatales: “Desde el 2013 hicimos las primeras reformas”. En 2010, “luego de un encuentro con compañeras de Chihuahua y Nuevo León se trabajó la estrategia para posicionar el concepto de desaparición a nivel nacional”, agrega Blanca. 

A ello le siguió el Centro Regional de Identificación Humana en Coahuila. “Ese diseño lo hicimos nosotras con la Cruz Roja Internacional”, relata Blanca. En 2011 en la Ciudad de México se organizaron talleres con Roberto Garretón, chileno que estuvo durante el golpe militar y con Carlos Beristain que después estuvo en la comisión de Ayotzinapa. “Fue la gestación del movimiento por nuestros desaparecidos”, recuerda Blanca.

Las familias llegaban “con mucho miedo”, comenta Chamberlin, algunas ya habían sufrido revictimización; un ejemplo es el caso de Antonio Verástegui González y su hijo Antonio de Jesús Verástegui Escobedo, desaparecidos el 24 de enero de 2009, en la localidad de Parras de la Fuente, Coahuila.

Yolanda Verástegui González y su hermano Juan Manuel, hermanos y tíos de ambos, cuentan que regresaban de un rosario en un ejido ubicado a unos 20 kilómetros de la cabecera municipal y se encontraron en el camino con unas camionetas blancas que detuvieron a padre e hijo, a quienes no han vuelto a ver desde entonces.

“Inmediatamente acudimos a buscarlos, a denunciar desde las horas en el Ministerio Público en Saltillo y Torreón”, pero a días de ello el MP de Parras les informó que el expediente de la investigación se había extraviado, señala Yolanda.

“Nos fuimos a la ciudad de México a Derechos Humanos”, dice Yolanda.“Mi hermano Juan Manuel llegó pensando que nuestra familia era la única que tenía esos problemas”, 

Juan Manuel considera que en el Centro “nos ayudaron bastante, orientándonos como en terapias; ellos nos arrimaron con el gobernador del Estado”, expone.

Para Chamberlin, la creación en 2013 del Grupo Autónomo de Trabajo fue un parteaguas. El Grupo actuaba como instancia mediadora para recibir las propuestas de las víctimas y traducirlas, “de tal manera que no sonaran como queja”; y la respuesta del Gobierno en reforma legislativa o política pública, “generaba un diálogo cada dos meses directo entre el gobernador y su gabinete con las familias”. 

“Ese cambio es impresionante en términos de cómo las mamás, la mayoría, (y) familiares, recuperan su agenda, es una de las cosas que provocó el Fray Juan y generó un precedente para el resto del país”, continúa Chamberlin, quien laboró por ocho años en el centro Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas.

Allí había una escuela de trabajo a partir de las enseñanzas del Obispo Samuel Ruiz, en la que también habían participado Blanca Martínez y el propio Raúl Vera, “que tenía que ver con una compañía de las víctimas, ponerlas en el centro, aportarles las herramientas que no tienen, ayudar a la organización de ellas mismas como sujetos”.

Blanca Martínez, directora del Centro Fray Juan de Larios. Foto: Cortesía.

Inicia acercamiento con autoridades de primer nivel en Coahuila

Después de mucho tiempo de trabajar la reflexión de manera conjunta, se generó un movimiento “que obligó en este caso al gobierno de Rubén Moreira a sentarse a discutir”, dice Michael Chamberlin. 

Se lograron, a su juicio, cambios que fueron precedentes para la reforma federal: el reconocimiento de la desaparición como un delito, las afectaciones hacia las familias, la creación de una fiscalía especial para desaparecidos, el programa de atención a familiares, la declaración de ausencia “que pretendía ayudar a las familias a resolver problemas patrimoniales y sucesorios”, tutoría de los hijos, educación y salud.

Luis Efrén Ríos Vega, actual Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila y profesor en la Academia Interamericana de Derechos Humanos, era mediador del gobierno estatal entonces y asegura que el modelo fue creado por éste y a propuesta suya.

“No había un orden, una agenda; sino el reclamo social de las familias de por qué las instituciones no habían buscado y encontrado a sus seres queridos”.

Juan Manuel Verástegui lo recuerda así: “Nomás nos decían que sí y en realidad no hacían las cosas como debían, a pesar de que existían muchas pruebas de quién y cómo se los había llevado”.

A la primera reunión Luis Efrén acudió de oyente; al entrevistarse con el entonces secretario de gobierno Miguel Ángel Riquelme Solís, “mi sugerencia fue crear un modelo de trabajo”.

“Habría que hacer leyes y políticas públicas para implementarlas, tener resultados en la agenda de verdad, justicia, reparación y no repetición de estas violaciones graves”, dice Luis Efrén al narrar el nacimiento del Grupo Autónomo de Trabajo, integrado por la ONU, con representantes de las familias y un solo representante del Gobernador.

Las familias fueron las protagonistas de visualizar qué tipo de modelo de trabajo proponían “y el Gobernador se comprometió a que todo lo que se articulara, se negociara, se acordara, él lo iba a respetar y lo iba a implementar”.

Michael Chamberlin destaca que “tuvimos un fuerte trabajo de sistematización de la información que teníamos de las carpetas, de los testimonios de los familiares, para empezar a hacer nuestra propia investigación sobre la desaparición, el posible paradero y los responsables detrás”.

Entender por qué la gente desaparecía, visibilizar patrones “por ejemplo, por parte de agentes de la Policía Municipal, en la ruta que iba desde la Laguna hasta Piedras Negras y la Zona Centro, en Saltillo, más allá de la obvia presencia de Los Zetas”.

Se detectó el involucramiento de altos funcionarios, “algunos militares que estuvieron fungiendo como jefes de policía municipal o estatal, hasta empezar a mirar al Secretario de Finanzas del tiempo de Humberto Moreira, a una serie de personajes que nos indicaban que había una colusión entre autoridades, el crimen organizado e incluso algunas empresas”.

El cuerpo de la luchadora María Cristina Vargas es llevado de nuevo a la Plaza de Armas de Saltillo el pasado 29 de mayo. Foto: Esmeralda Sánchez.

Comienza la estrategia internacional

En 2015 comenzó la incidencia a nivel internacional, “fueron compañeras nuestras a la sesión del Comité de Desapariciones a Ginebra, se logran recomendaciones sobre México y con organizaciones de la Ciudad de México propiciamos foros regionales para reflexionar cómo se tenían que aplicar, tuvimos una en Chihuahua, llegaron más de 200 familias y ahí fue la base para la Ley General de Desapariciones”, recuerda Blanca Martínez.

Posicionar la situación ante organizaciones especializadas: “no lo decimos nosotros, lo dijo la ONU, la Universidad de Texas y Open Society con sus investigaciones, la Federación Internacional de Derechos Humanos; obligar al gobierno a sentarse a dialogar y que le costara más trabajo dorar la píldora a las mamás y ser dueños de la narrativa”, añadió Chamberlin.

Se concretó un convenio con la Universidad de Texas para dar seguimiento del lado de Estados Unidos a las investigaciones abiertas contra gente vinculada a los Zetas y por crímenes cometidos en ambos lados de la frontera “eso nos llevó a generar un informe con la Federación Internacional de Derechos Humanos y una comunicación a la Corte Penal Internacional por delitos de Lesa Humanidad, porque estábamos viendo estos patrones de una política deliberada para llevar a cabo las desapariciones”.

En La Haya el Obispo Raúl Vera; la abogada Ariana Denisse García Bosque, de Piedras Negras; Jimena Reyes, Directora de la Oficina de las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos y el propio Chamberlin, presentaron un informe general y uno enfocado en Coahuila “para mirar estos patrones y señalar la inoperancia de la fiscalías para las investigaciones, muy probablemente también por temas de colusión, y la necesidad de crear un Mecanismo Internacional Contra la Impunidad”.

Aunque posteriormente, el ex gobernador Miguel Riquelme “redujo el impacto que tenía el Grupo Autónomo de Trabajo, retomó sólo la creación del Centro Regional de Identificación Forense y muy rápidamente lo pasó a la Federación; el diálogo se redujo a prácticamente nada”, dice Chamberlin.

Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, relata que en 2011 se cristaliza una visita a la entidad del Grupo de Trabajo Sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, y en diciembre de ese año presenta el Informe de Misión, La Desaparición Forzada en México.

Para Chamberlin este informe marcó la incidencia del Fray Juan en el país, ya que se desprenden recomendaciones que dieron origen a acciones gubernamentales, como incluir el delito de desaparición forzada en los Códigos Penales de todas las entidades federativas y la aprobación de una ley general sobre las desapariciones forzadas o involuntarias.

“Fue el primer informe internacional que visibilizó con más claridad la dimensión en la problemática de las desapariciones”.

Peña Palacios resalta la producción de procesos de búsqueda y la construcción de institucionalidad al concretar en Coahuila la Ley de Declaración de Ausencia y la relativa a Exhumación. “Ha sido un honor trabajar con el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios para todo el equipo del Alto Comisionado; una organización capaz de denunciar lo que venía sucediendo, de colocar el tema en la agenda, todo un trabajo interno de fortalecimiento, con espíritu de apertura con el Estado y la búsqueda de las soluciones”, dice. 

Desde la Oficina del Alto Comisionado, la colaboración fue aportar estándares internacionales de derechos humanos de las personas desaparecidas, buenas prácticas de otros lugares, así como los principios que debían regular la búsqueda, “las familias se han ido apropiando de este conocimiento, nos han enseñado con una enorme dignidad, con la que reclaman la presentación de sus hijos”, asegura Peña.

Informes y hallazgos

El documento “México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad, Comunicación de acuerdo con el artículo 15 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”, fue publicado en junio del año 2017, y en él se da cuenta de que Coahuila fue uno de los 15 estados de la República con mayores reportes de desplazamiento por violencia y sus ciudadanos huyeron para salvaguardarse del crimen organizado, pero también de funcionarios públicos.

Según el reporte, “entre el 2009 y el 2012 se registraron casos en los cuales la Policía Municipal y estatal detenía a pobladores de Coahuila para entregarlos a Los Zetas para presuntamente apoyarles en su objetivo de control territorial. Los elementos de la Policía Municipal y estatal detenían a las víctimas utilizando las patrullas, uniformes, armas, insignias, radios de comunicación oficiales, y se las entregaban a los miembros de la organización criminal” (Pág. 25).

Seis años antes, en diciembre del 2011, el “Informe de Misión, La Desaparición Forzada en México”, señalaba que con las autoridades de la base militar en Saltillo, el Grupo de Trabajo no recibió información clara y específica sobre el tipo de control que las autoridades civiles realizaban cada vez que las militares detenían a civiles; por el contrario, obtuvo documentación detallada de varios casos de desaparición forzada que habrían sido perpetrados por elementos militares en múltiples estados como Coahuila.

Añade que, si bien el gobierno informó que la SEDENA contaba con lineamientos sobre el uso de la fuerza acordes a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y racionalidad, no entregó una copia de éstos, ni información concreta. 

En el primer informe citado, los 32 casos detallados en los anexos daban cuenta de 73 personas en Coahuila que habían sido víctimas de privación grave de la libertad física, además de 195 y 367 víctimas reportadas en los registros de personas no localizadas o desaparecidas de las organizaciones Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas y el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.

“En ese sentido, es posible afirmar que el 100 por ciento de los casos que sustentan la presente comunicación constituyen una privación grave de la libertad física como crimen de lesa humanidad, en los términos descritos en el Estatuto de Roma”, concluye el documento.

María Cristina Vargas (QEPD) en un acto en la búsqueda de los desaparecidos. Foto: Esmeralda Sánchez.

Aún hay pendientes

Aún se tienen tareas pendientes, agrega Peña Palacios, pero al día de hoy el Fray Juan es “un ejemplo de lo que es la lucha por los derechos de las personas desaparecidas… les debemos mucho más nosotros a ellas (familias) que ellas a nosotros”.

Más que logros, Ríos Vega sostiene la construcción de una agenda y un modelo de trabajo a partir de lo cual se han construido instituciones “que, con sus retos y desafíos, son procesos que se han acompañado con las familias; y ha permitido una rendición de cuentas porque tienen a las instituciones para cuestionar todo el trabajo, con resultados o sin resultados”.

En su opinión, “siempre va a haber una deuda del Estado en materia de búsqueda, de verdad, de justicia, de reparación, son demandas generacionales, no se resuelven en un año por más que quisiéramos, son problemas estructurales”.

Los Verástegui han otorgado el ADN correspondiente para tratar de localizar a su hermano y su sobrino por esta vía, aunque hasta la fecha la familia reporta que no se ha logrado nada pese a que se han hecho varias incursiones en el Rancho Los Gavilanes, en Parras de la Fuente.

Vehículo de madres buscadoras de víctimas de desaparición forzada. Foto: Esmeralda Sánchez.

La etapa actual

Actualmente el Fray Juan tiene documentados cerca de 750 casos de personas desaparecidas; “como 600 deben ser de Coahuila y el resto de otros estados, pero no todos están organizados”, expone Blanca Martínez.

Aclara que el Centro no es un bufete y tiene criterios para asumir la representación jurídica. “Se tienen que organizar para defender colectivamente los derechos comunes, en este caso de los familiares que tienen personas desaparecidas y la otra es que no nos dejen los casos, la tarea de búsqueda y de investigación es colectiva”, afirma la defensora de derechos humanos.

El Centro asesora familiares en otras ciudades como Piedras Negras y los casos se dividen por núcleos ya que pueden involucrar a más de una familia, explica Blanca Martínez. “Vamos acordando para hacer trámites de reparación, el universo de familias que agarras”.

El enfoque es que las familias pasen de ser víctimas a sujetos de derecho; “siempre es más fácil trabajar con víctimas, porque la victimización lo que hace es someter; cuando estás aplastado por este tipo de violencia, obviamente tu capacidad de decidir y de actuar se vienen para abajo. Para nosotros es una apuesta de carácter político porque el sistema necesita víctimas, gente que nada más extiende la mano, y en estados como Coahuila que tiene una cultura política clientelar, no es porque estoy ejerciendo mi derecho, sino porque conozco a fulanito”.

El Fray Juan se ha definido a sí mismo, dice Enrique Martínez, “como este sujeto que no va a pelear derechos humanos, sino que va a hacer que las personas que son o fueron víctimas de graves violaciones comprendan el porqué y que a partir de ello tomen esos derechos, esas violaciones y se empoderen”.

La conducción es colegiada y se decide por consenso; aunque quienes hablan son los familiares “quién da la cara es el Fray Juan como un mecanismo de protección a las familias”, no obstante, lo que importa es “empoderar al sujeto colectivo”, continúa la Directora.

El de Manuel Hernández Vargas fue uno de esos ejemplos; el 28 de junio del 2011, con entonces 34 años, desapareció en Saltillo durante su día de descanso laboral, relató su madre María Cristina Vargas, quien dejó su vida en la búsqueda de su hijo y falleció el pasado 29 de mayo; Cristina recibió el 30 de ese mes un homenaje de cuerpo presente de sus compañeras y el compromiso de continuar la búsqueda, que según había denunciado el 9 de mayo, no se había realizado por parte de los tres niveles de gobierno.

“El Fray Juan ha sido fundamental en esta lucha, en esta búsqueda, y un apoyo incondicional que las autoridades no han hecho”, dijo entonces.

Mural en el Centro de Derechos Humanos Fran Juan de Larios. Foto: Esmeralda Sánchez.

El futuro del Fray Juan

A 20 años de su fundación, la tarea del Fray Juan es tener una presencia más diversificada de aportes y atención a problemáticas, que responda a las necesidades de la ciudadanía de las regiones donde trabaja; “nos gustaría hacer un centro que el pueblo de Coahuila sienta suyo, con la confianza de decir: estos no van a negociar con el gobierno”, puntualiza Blanca.

Enrique Martínez platica que han llevado también conflictos agrarios, tortura y violencia contra la mujer; además del trabajo forense, del que ya se tiene un equipo para la búsqueda, investigación e identificación de personas.

“Ya le hemos dado herramientas suficientes al Estado y aún no han dado resultados, ahora nosotros tenemos que apostar a un cambio de estrategia”, como llevar los casos ante tribunales y plantear las propuestas de ley directamente, como iniciativa popular o individual.

El Magistrado Luis Efrén Ríos afirma que todos los actores institucionales y sociales son fundamentales para que un modelo funcione, “no basta una voluntad política de un gobierno, el centro son las familias, pero alrededor y al lado están sus defensores y ese es el papel clave que tiene un centro como Fray Juan De Larios”.

La deuda histórica sigue creciendo

El gran pendiente luego de este tiempo es la localización en vida y aplicación de justicia, señalan Yolanda y Juan Manuel Verástegui: “Nos ayudaron a acercarnos a las autoridades pero lo que nosotros siempre les pedimos es que los buscaran, ese era el objetivo principal y sigue siendo, no han encontrado ni siquiera uno porque no los han buscado, esa es la realidad de las cosas; hay muchos beneficios para las familias y qué bueno, pero el objetivo se perdió, qué triste y ojalá algún día se logre”, dice ella.

El relato parece repetirse en cada caso, como mencionó María Cristina Vargas, 20 días antes de fallecer: “Llego al Fray Juan y me parece que iba yo a encontrar a mi hijo inmediatamente; porque no sabía la magnitud de ese monstruo tan terrible que es la desaparición de personas. La vida nos cambió cuando pasaban los días, las noches, los meses, los años y no hemos encontrado a nuestros hijos”.

Para ella el Estado Mexicano fue y ha sido siempre el responsable, por no otorgar seguridad a sus ciudadanos y simular búsquedas e investigaciones. “A estas alturas ya no tenemos miedo las madres, el miedo se perdió con la rabia y el coraje de no encontrar a nuestros hijos, exigimos al Estado que los busque porque no es posible que a años no hay una verdad, no hay una justicia, no hay nada”, dice Vargas.