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Estos son los principales cambios en materia de inmigración que afectarán a Houston en los primeros días de Trump

Por: Anna-Catherine Brigida, reportera de inmigración de Houston Landing

enero 22, 2025

En sus primeros días en el cargo, el presidente Donald Trump firmó un torbellino de órdenes ejecutivas y cambios en la política de inmigración, muchos de ellos centrados en limitar la inmigración legal y promulgar una seguridad fronteriza más estricta. Las iniciativas señalan la intención de la administración de llevar a cabo sus promesas de campaña de deportaciones masivas y brindan el primer vistazo de cómo lo haría.

Dado que el 26 por ciento de los residentes del condado de Harris nacieron en el extranjero, muchos de estos cambios afectarán la vida de los habitantes de Houston y sus familias. Estos son algunos de los cambios de política más importantes para los inmigrantes de Houston.

Asilo y seguridad fronteriza

Trump restringió el acceso al asilo en la frontera al cancelar la aplicación gubernamental conocida como CBP One el lunes, lo que dejó a muchos migrantes con destino a Houston en el limbo. El expresidente Joe Biden ya restringió el acceso al asilo mediante una política de junio de 2024 que prohíbe a la mayoría de las personas solicitar asilo entre los puertos de entrada. La aplicación CBP One mantuvo cierto acceso al asilo hasta que se canceló el lunes.

El cierre de la aplicación fue impugnado inmediatamente en los tribunales por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que solicitó una reunión inmediata con el juez e instó a los tribunales a actuar rápidamente para restablecer el acceso al asilo.

El fin de la CBP One fue parte de una estrategia más amplia para limitar quién puede ingresar a los EE. UU., enviando más personal a la frontera, aumentando las detenciones y eliminando otras vías legales para ingresar.

La decisión podría tener el efecto opuesto y provocar más cruces fronterizos, dijeron el martes abogados y defensores.

Una mujer y sus hijos hacen fila para recibir jugo de naranja y un sándwich de un grupo de la iglesia local en la Casa del Migrante Frontera Digna, el martes 20 de agosto de 2024, en Piedras Negras, Coahuila, México. (Antranik Tavitian / Houston Landing)

“Esa no será una forma efectiva de tratar de gestionar la migración en la frontera porque lo que sucede es que impulsará a más personas a ingresar de manera irregular entre los puertos de entrada”, dijo Gregory Chen, Director Sénior de Relaciones Gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), en una conferencia de prensa el martes.

“Lo que no solo vemos en términos de falta de orden y mayor caos en la frontera es que los solicitantes de asilo se verán atrapados en situaciones humanitarias muy difíciles”, dijo Chen.

Ciudadanía por nacimiento

Trump emitió una orden ejecutiva para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los niños que no tienen al menos un padre que sea ciudadano o residente permanente legal. Esto tendría amplias implicaciones y excluiría a los hijos de personas con estatus como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o Estatus de Protección Temporal. Entraría en vigencia en 30 días y no se aplicaría a los casos de manera retroactiva.

Limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento contradice la 14.ª enmienda, que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen”.

Como resultado, la ACLU presentó una demanda.

“No permitiremos que este ataque a los recién nacidos y a las futuras generaciones de estadounidenses quede sin respuesta. “La extralimitación de la administración Trump es tan atroz que confiamos en que finalmente prevaleceremos”, dijo Anthony D. Romero, director ejecutivo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, en un comunicado de prensa.

María consuela a su hijo Elijah, de 3 años, mientras llora en sus brazos el lunes 4 de marzo de 2024, en Houston. María, originaria de El Salvador, ha pasado más de una década en los EE. UU., viviendo y trabajando en Houston y criando a sus hijos, que son ciudadanos estadounidenses. (Foto de archivo de Houston Landing / Joseph Bui)

María consuela a su hijo Elijah, de 3 años, mientras llora en sus brazos el lunes 4 de marzo de 2024, en Houston. María, originaria de El Salvador, ha pasado más de una década en los EE. UU., viviendo y trabajando en Houston y criando a sus hijos, que son ciudadanos estadounidenses. (Foto de archivo de Houston Landing / Joseph Bui).

Refugiados

Trump suspendió el reasentamiento de refugiados indefinidamente a partir del 27 de enero en una orden ejecutiva publicada el lunes por la noche. Después de 90 días, el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional y el Secretario de Estado deben enviar un informe al presidente recomendando si reanudar la aceptación de refugiados es lo mejor para el país.

Estados Unidos alguna vez tuvo el programa de reasentamiento de refugiados más sólido del mundo, pero Trump atacó el programa en su primer mandato. Biden aumentó entonces el límite de refugiados a 125.000, después de un mínimo histórico de 18.000 durante el último año de la primera presidencia de Trump.

Los refugiados, que deben huir de la guerra, la persecución o un desastre natural para ser elegibles, son examinados minuciosamente por el gobierno de Estados Unidos antes de

Llegando. Houston es una de las principales ciudades de reasentamiento de refugiados, y en los últimos años ha acogido a miles de refugiados de la República Democrática del Congo, Siria, Afganistán y otros países.

“Estamos consternados por la insensibilidad que esta administración está demostrando hacia las víctimas de la violencia y la persecución”, dijo el presidente de la agencia de reasentamiento de refugiados HIAS, Mark Hetfield, en un comunicado. “El reasentamiento de refugiados es una vía segura y legal, es una tradición bipartidista de larga data, fortalece nuestra seguridad nacional y aporta enormes beneficios económicos y culturales a nuestras comunidades”.

El martes, el DHS emitió una directiva que anula las directrices para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas limite su aplicación en iglesias, escuelas y hospitales. Estas áreas han estado previamente fuera del alcance de los agentes del ICE para que los inmigrantes puedan buscar atención médica, practicar su religión e ir a la escuela sin temor a ser deportados.

“Revocar estas protecciones afectará a las familias y las comunidades, disuadirá a las personas de acceder a servicios esenciales como la educación y la atención médica, e infringirá su derecho a practicar su fe libremente”, dijo Karen Sullivan, directora de defensa de la organización de asistencia legal para inmigrantes basada en la fe CLINIC, en un comunicado.

El DHS también emitió un aviso que amplía la práctica de deportar rápidamente a los inmigrantes recién llegados, conocida como expulsión acelerada. Anteriormente, esto solo podía aplicarse dentro de las 100 millas de la frontera a los inmigrantes que estuvieran en el país durante menos de dos semanas. La nueva regla podría aplicarse en cualquier parte del país a los inmigrantes que no puedan demostrar que han estado en el país durante dos años. Un intento anterior de ampliar la expulsión acelerada durante el primer mandato de Trump fue impugnado en los tribunales.

Si bien Trump no llegó a emitir una prohibición de viajes como lo hizo en su primer mandato, emitió una orden ejecutiva que requiere que dentro de los 60 días que el jefe del DHS y otros funcionarios del gabinete identifiquen a los países con una investigación deficiente para que merezcan la suspensión de todas las entradas. En un plazo de 30 días, el Secretario de Estado, el Fiscal General, el Secretario del DHS y el Director de Inteligencia Nacional también tendrán que evaluar todos los programas de visas y aumentar el proceso de investigación.

Las personas esperan en fila para ser procesadas y permitidas en los Estados Unidos de América, el martes 20 de agosto de 2024, en Houston. (Foto de archivo de Houston Landing / Antranik Tavitian)

En otra orden ejecutiva titulada “Asegurar nuestra frontera”, Trump ordenó al DHS que pusiera fin a los programas de migración legal, incluido un programa que examinó a medio millón de personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela para ingresar a los EE. UU. bajo la autoridad de libertad condicional del presidente.

Trump designó a los cárteles mexicanos, la pandilla venezolana Tren de Aragua y la MS-13 como organizaciones terroristas extranjeras. Esto aumentará la financiación y los recursos disponibles para el gobierno para luchar contra estos grupos. Sin embargo, también plantea preguntas sobre las implicaciones migratorias si alguien paga un rescate o un pago de extorsión a estos grupos bajo amenazas. Como informó anteriormente Houston Landing, los secuestros para pedir rescate son rampantes en la frontera entre Estados Unidos y México.

El gobernador Greg Abbott señaló anteriormente al Tren de Aragua como una amenaza creciente para Texas, pero los expertos dijeron que los casos conocidos en Houston eran bajos. En un momento en que la población venezolana se encuentra entre las poblaciones inmigrantes de más rápido crecimiento en Estados Unidos y Houston, los expertos advirtieron anteriormente que el énfasis en la pandilla podría usarse para demonizar a las comunidades migrantes y justificar deportaciones masivas.

Deportaciones masivas

En conjunto, estas órdenes ejecutivas representan las primeras etapas de un plan para llevar a cabo deportaciones masivas.

“Es una importante iniciativa de infraestructura centrarse en gran medida en la aplicación de la ley de inmigración en todos los ámbitos”, dijo Doris Meissner, investigadora principal y directora del Programa de Política de Inmigración de Estados Unidos en el Instituto de Política Migratoria, en una conferencia de prensa el martes.

“Realmente recategoriza la inmigración como una amenaza a la seguridad nacional y pone en marcha, tanto en la frontera con una lente de seguridad nacional, como en el interior con una amenaza a la seguridad pública y el bienestar de las comunidades estadounidenses, los medios para tener una aplicación mucho más estricta de la ley”.


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